Póquer de ases contra el juego ilegal. (Málaga, España)

Póquer de ases contra el juego ilegal

sur.es | Francisco Jiménez pjimenez@diariosur.es | MÁLAGA |20/11/2010


La escena se asemeja a una de esas que tantas veces se han recreado en el cine policíaco. Unos agentes de paisano intentan entrar en un garito en el que tienen constancia de que todos los fines de semana se organizan partidas ilegales de póquer. Después de meses de investigación, llega la hora de acabar con ese negocio ilícito. El primer paso lo dieron semanas atrás participando en foros y redes sociales para enterarse de las fechas en las que se organizaban los torneos. El segundo filtro, el de la puerta del local, lo pasan con menos problemas de los previstos. Llegan al tercero, en el que deben mostrar su DNI y confirmar que quieren participar en estas timbas. Cuando acceden a la sala principal, se encuentran con un local repleto de gente. A su alrededor, cinco mesas de póquer con diez jugadores cada una. Mientras, en la barra del bar esperan su turno otra decena de personas. Es el momento de enseñar la placa. La operación, desarrollada el pasado fin de semana en Mijas Costa por la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, permitió desmantelar el tercer casino clandestino en la provincia en lo que va de año tras las redadas llevadas a cabo en febrero en un polígono de la capital y a mediados de octubre, también en Mijas Costa. Sin embargo, hay muchos más repartidos a lo largo y ancho de la Costa del Sol que han aflorado en los últimos años disfrazados como clubes, asociaciones deportivas e incluso peñas. Actualmente, la Policía Autonómica tiene en el punto de mira una decena de establecimientos, aunque la cifra real puede llegar a la veintena.

En todos ellos, la mecánica sigue un mismo patrón. Se juega bajo la modalidad de Texas Hold'em -la más popular- y se fija un precio inicial que oscila entre los 25 y los 35 euros, de los que un 10% va para el bolsillo del organizador en concepto de comisión. «A partir de ahí, los límites son las propiedades de cada uno», asegura un funcionario de la Policía Autonómica especializado en la lucha contra el juego ilegal.

En contra de lo que pueda parecer, la mayoría de los jugadores son españoles, con una edad de entre 25 y 40 años y que suelen participar por pura diversión. A menudo, se trata de aficionados que han aprendido de forma autodidacta y que buscan el encanto de jugar en persona en vez de hacerlo 'on line'; además, desconocen que esta actividad está prohibida salvo en los dos únicos casinos existentes en la provincia (Marbella y Benalmádena), los cuales soportan una tributación bastante elevada a cambio de ese estatus de monopolio. Pese a ese 'privilegio', estos dos establecimiento son a la postre los principales perjudicados de este negocio ilícito que mueve miles de euros en la Costa occidental. «No pagan tasas y encima se escapan a los controles de la Administración como los relativos a permitir la entrada a menores o a personas que lo tienen prohibido por ludopatía o por otra cuestión», aseguran desde el Casino Marbella. ¿El secreto de su éxito? Su proximidad y sus precios más bajos en una clara competencia desleal.


Partidas exclusivas

Aunque en las que verdaderamente se mueven grandes cantidades de dinero son en las timbas que se celebran en chalés privados, dotados de complejos sistemas de seguridad. Estas partidas están reservadas a un grupo más selecto para jugadores profesionales y de mayor poder adquisitivo en donde la apuesta mínima para empezar a jugar es de 500 euros. «Ésas son las más complicadas porque para entrar en un domicilio necesitamos una orden judicial; pero en general, como se trata de un ilícito administrativo, nos resulta difícil hasta intervenir teléfonos o correos electrónicos para seguir indagando», se lamenta este policía.

Y es que el juego ilegal no es delito, sino una falta administrativa muy grave que puede acarrear sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros para los organizadores, y de hasta 600 euros para los jugadores, aunque en pocas ocasiones se suele llegar a estas cantidades. La mayoría alega que no estaban apostando, pero la investigación policial les delata cuando se corrobora que las fichas con las que apuestan tienen su valor económico.

«El objetivo no es la sanción, sino el restablecimiento de la legalidad». La frase es de Carolina Gómez, jefa provincial del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía. «La creencia generalizada es que se puede jugar en cualquier sitio, pero en estos casos no se trata de una actividad recreativa y familiar que se organiza entre amigos, sino un negocio con fichas y listado de participantes», comenta la responsable de este organismo dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia sobre el que recaen las competencias sobre el control y la autorización del juego, así como sobre la persecución del cualquier práctica ilegal, ya sean sorteos, venta de cupones, bingos o apuestas deportivas. Precisamente estas últimas se pueden dar por erradicadas tras un campaña llevada a cabo en 2008 que se saldó con la regularización de 13 establecimientos que no tributaban sus ganancias con las apuestas hípicas. Ése mismo objetivo, el de regularizar la situación, es el que se espera alcanzar con el Plan de Inspección del juego ilegal que se está llevando a cabo entre 2009 y 2010 de la mano del Servicio de Juego y la Policía Autonómica.


Un negocio en alza

En la actualidad, el mapa del juego legal en Málaga lo componen los casinos de Marbella y Torrequebrada, 16 salas de bingo y un amplio abanico de salas de juego, al margen de las máquinas recreativas que se pueden ver en la esquina de cualquier bar. La provincia se sitúa a la cabeza de Andalucía en gastos en juegos de azar. Los datos oficiales así lo corroboran, puesto que pese a la crisis, este negocio movió en Málaga durante 2009 ni más ni menos que 593 millones de euros. En este ránking del dinero que generan los que buscan a la diosa Fortuna destacan las máquinas recreativas, con 320 millones, seguidas por los casinos (153) y los bingos (119).

«Todo está sometido a diferentes controles administrativos, pero cuando nos encontramos con locales clandestinos se nos escapan cuestiones como el préstamo de dinero entre jugadores, si realmente se cobran los premios o si los naipes están señalados», recalca. En el caso de los casinos, todo el material debe estar homologado, desde las cartas hasta las mesas de juego, y sólo se venden en comercios autorizados que cuentan con un registro de empresarios de juegos. Además, el control llega a tal punto que la Policía Autonómica debe estar presente cuando se destruye una baraja. Una labor de inspección que también alcanza a los llamados prohibidos, es decir, personas a las que no les está permitido acceder a estos establecimientos por enfermedad o porque anteriormente han sido sorprendidos haciendo trampas. Asimismo, incluso los propios casinos deben pedir una autorización a la Dirección General de Juego y Espectáculos Públicos antes de organizar un campeonato.